Estos funcionarios no requieren un mínimo de escolaridad, pero tampoco
están obligados a acreditar conocimientos básicos sobre la realidad
política, económica y social del país.

Con el usual argumento de que un
requisito educativo atentaría contra los derechos políticos de la
población, tras casi dos siglos de contar con un poder legislativo en
México (en 1821 se instauró un congreso constituyente), aún no se aplica
un filtro básico que acredite la preparación de estos funcionarios.
Recién se aprobó una reforma política, pero tampoco se añadieron
requisitos de conocimiento para los legisladores.
La lógica diría que para decidir una
nueva ley, como mínimo debe conocerse de derechos humanos, leyes,
cultura general, y sobre todo, dominar datos sobre el estado
socioeconómico del país: un panorama sobre salario mínimo, demografía,
estadísticas sobre servicios básicos como salud o pobreza. Pero el
razonamiento dominante es que los legisladores tienen asesores técnicos
para esos temas.
Sin asegurar que una licenciatura
otorgará los conocimientos mínimos para ser un legislador enterado, lo
cierto es que cerciorar que los tomadores de decisiones están bien
preparados es elemental. Hace un siglo, cuando la escolaridad era ínfima
(había un 80% de analfabetismo),
el argumento sobre la inhibición de los derechos políticos por exigir
escolaridad era razonable. Hoy, esta lógica es limitada (la cobertura de preparatoria es de 71.3% según cifras de la UNAM).
Un examen de conocimientos básicos sería un instrumento primordial para
depositar nuestra confianza en los tomadores de decisiones, y ese sería
solo el primer paso para afinar el poder legislativo en este país.