La posibilidad de que Felipe Calderón sea llevado a juicio ante
la Corte Penal Internacional, aunque improbable, permite preguntarnos
por el grado de responsabilidad que su gobierno tiene en la situación
actual de violencia en México.
Solo hasta la semana pasada supe que ha circulado, al menos desde hace casi cuatro meses, una petición para que Felipe Calderón responda ante un tribunal
por las pavorosas consecuencias que su “lucha contra el crimen
organizado”, esta “guerra estúpida” como otros la han llamado, ha tenido
entre diversos sectores de la población en todo el país, sobre todo los
vulnerables e inocentes como los jóvenes y los niños, deteriorando de
pasada el respeto a los derechos humanos más elementales que todos
deberíamos tener garantizados.
La propuesta es atractiva y quizá hasta
sensacionalista, pero no descabellada. Y, por cierto, no está centrada
únicamente en el presidente mexicano, también toma en cuenta a otras
autoridades del gobierno federal, del ejército y la marina, además de
miembros de los cárteles, quienes de una u otra forma han contribuido,
todos, a generar o fomentar la violencia y las prácticas ilegales e
inhumanas que se han vuelto cosa de todos los días en el territorio
nacional.
